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Events and News

Cómo afecta la nueva Ley de Prostitución alemana a las trabajadoras sexuales migrantes

Paula Riedemann, Coordinadora de Ban Ying, Berlín, Alemania

El 1 de julio entró en vigencia una nueva ley de prostitución en Alemania. Su nombre, paradójicamente, es “Ley para la protección de las/los prostitutas/os” (Prostituiertenschutzgesetz). Paradójicamente, porque estudiado el contenido y alcance de ésta, no queda más que concluir que el nuevo cuerpo legal tiene por fin aumentar los mecanismos de control en el ámbito de la prostitución. De una mayor protección legal, legitimación y autodeterminación de las trabajadoras sexuales, nada.

La ley anterior y la nueva

La ley de prostitución alemana previa databa del año 2002. Esta normativa, que estuvo vigente durante 15 años, tuvo por finalidad mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las prostitutas. A pesar de lo que comúnmente suele creerse, no legalizó la prostitución en Alemania, pues ésta ya era  legal desde 1927, sino que eliminó su calificación jurídica de “inmoral”. Un análisis a posteriori concluye que, más allá de lograrse un cierto reconocimiento social a través de la supresión de esta calificación jurídica discriminatoria, la ley sólo trajo consigo escasas mejorías en las condiciones de trabajo. Esto se debe principalmente a que, dada la estructura federal de Alemania, muchos aspectos concretos de su implementación quedaron en manos de los diferentes estados federados (Bundesländer). Las políticas que éstos siguieron fueron dispares y parcializadas y, en términos generales, limitadas y deficientes.  

No existe evidencia empírica de que esta ley haya generado un aumento de casos de trata de personas para fines de explotación sexual en Alemania. En efecto, las estadísticas oficiales a nivel nacional[1] demuestran que el número de casos se ha mantenido estable –sino ligeramente a la baja- en los últimos 15 años. Tampoco los centros de asesoría a personas objeto de trata reportan un aumento significativo de casos en su consultoría a partir de 2002. A pesar de ello, voces sesgadas provenientes mayormente de sectores abolicionistas lograron calar hondo en el debate público de los últimos años, influyendo en la discusión de la nueva ley y en su texto finalmente aprobado.

La nueva ley de prostitución establece que todas las personas que ejerzan como trabajadoras sexuales deben registrarse, con independencia  de la forma, lugar y regularidad con que se realice el trabajo. A través del registro se obtiene un “carnet de prostituta”. Éste contiene una fotografía de la persona titular, el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, lugares en los que ejerce el trabajo sexual, período de validez, lugar y oficina de expedición. Si bien la persona puede solicitar la emisión de un carnet que en vez de su nombre contenga un pseudónimo, éste tendrá todos los demás datos personales mencionados, incluida la fotografía. Por su parte, la nueva ley obliga a toda persona trabajadora sexual a hacerse asesorar regularmente en un servicio de salud, como requisito para obtener y renovar  el carnet[2].

La ley dispone que al concurrir una persona a registrarse, la autoridad encargada sostenga con ella una breve charla informativa. En caso de que el funcionariado estime que existen indicios reales de coacción, dependencia o explotación (la formulación usada por la ley aquí es similar a la del código penal alemán en la definición de la trata de personas) deberá denegar el registro. Si el funcionariado identifica una necesidad de asesoría más profunda, deberá informar de la existencia de lugares especializados para tal efecto. Por su parte, si identifica indicios reales de trata o explotación, deberá impulsar las “medidas necesarias para su protección”. Y esto es básicamente todo cuanto dispone la ley en términos de protección de víctimas: no se establecen estándares concretos de acción, protocolos de derivación o medidas de protección para situaciones de alta vulnerabilidad; tampoco se dispone el paso a una asesoría especializada, ni una necesaria facilitación de apoyo psico-social o legal. Cabe señalar que en la mayoría de los estados federados todavía no está claro qué entidad debe llevar a cabo el trámite de registro.

Cuestionamientos a la nueva ley

Inmediatamente surgen las siguientes preguntas: ¿qué será considerado por el funcionariado como un indicio real de explotación? ¿cómo será este funcionariado capacitado y sensibilizado para poder identificar falta de autodeterminación en la trabajadora sexual? ¿existirán, en cualquier caso, tales capacitaciones? ¿qué medidas de protección y apoyo entran en juego cuando una persona es identificada por la autoridad como presunta víctima de trata?

Quienes trabajamos con mujeres con experiencia de trata, explotación o violencia conocemos la importancia de generar condiciones adecuadas para que la consultante pueda explayarse acerca de lo vivido. La revelación de estas experiencias requiere de tiempo, calma, de un espacio protegido e idealmente de un carácter voluntario, condiciones fundamentales para la generación de confianza con la consejera. En el actual contexto de incertidumbre acerca de la entidad competente para hacer el registro de personas que ejercen el trabajo sexual –así el caso de Berlin, donde tiene su oficina Ban Ying -, existen razones fundamentadas para temer que estas charlas obligatorias no cumplirán con las condiciones esenciales mencionadas.

Por otra parte, la obligación de registro implica el fin de la posibilidad de ejercer el trabajo sexual de manera anónima en Alemania. Una vez que la persona se registra, sus datos fluyen directamente a la autoridad tributaria; qué otras entidades públicas tendrán acceso a esta información, es otra de las incógnitas frente a las que nos encontramos actualmente. Sabemos, en cualquier caso, que hoy en día nadie está en condiciones de asegurar fehacientemente una protección total de datos sensibles recogidos por la autoridad, ni tampoco su protección frente a filtraciones hacia el extranjero. Con todo, en términos de anonimato y protección de datos, posiblemente uno de los mayores problemas se origine en la existencia misma del carnet de prostituta. Bastaría que una tercera persona saque una fotografía al carnet, amenazando con exponerla públicamente en Internet, para hacerse de una efectiva herramienta de extorsión y chantaje a fin de establecer una relación de dependencia o  explotación con la trabajadora sexual.

La nueva ley de prostitución afecta de manera especial a trabajadoras sexuales migrantes y a aquellas en situación irregular

Una dificultad que de seguro les afectará es la barrera idiomática. La ley establece que la charla informativa de registro deberá darse en un idioma que sea “comprensible para la persona”, lo cual tiene mayor sentido si se considera que uno de los objetivos de esta charla es la identificación de situaciones de explotación. Sin embargo, será cada estado federado quien determine de qué manera dará cumplimiento a esta regla. Y ya tenemos aquí un mal precedente: actualmente en el sitio web de la ciudad de München se informa que, en caso que la registrante no comprenda el alemán, deberá concurrir a la cita de registro acompañada de una persona intérprete oficialmente certificada. El costo (no menor) de la interpretación certificada debe ser asumido enteramente por la registrante[3]

En segundo lugar, el riesgo de que la persona trabajadora sexual sea expuesta públicamente – por ejemplo, a través de una fotografía de su carnet de prostituta – tiene un elemento agravante en el caso de las migrantes. Personas que en Alemania se desempeñan en el trabajo sexual sin que lo sepan sus cercanos en el país de origen - en el cual, posiblemente, la prostitución se encuentra prohibida o es altamente sancionada en la sociedad – corren el riesgo de sufrir discriminación y estigma en caso de revelarse su fuente laboral, lo que podría incluso extenderse a su grupo familiar. Además, tal revelación podría traerles serias dificultades para encontrar un trabajo en un nuevo sector, en caso de que decidiesen retornar a su país de origen.   

Por último, a través de la obligación de registro la ley ha creado un nuevo factor de riesgo para personas indocumentadas que ejercen el trabajo sexual. Al no contar con un permiso de residencia no pueden ir a registrarse y se ven forzadas a incumplir una obligación legal, quedando en la clandestinidad. Se les impone así una fuente adicional de control y sanción, intensificándose su vulnerabilidad frente a abusos de terceros y aumentando las dificultades que tendrán para defenderse en caso de sufrir violencia o ser víctimas de delito.  

De todo lo anterior se deduce que la finalidad de la ley, proteger a las/los prostitutas/os, se queda sólo en el título. La ley no conlleva una mayor legitimación legal o social de las personas trabajadoras sexuales ni establece medidas adecuadas de identificación, acompañamiento, apoyo y garantía de derechos para personas sometidas a violencia o coacción. Con ello, Alemania ha desperdiciado una importante oportunidad para mejorar realmente las condiciones de vida y trabajo de quienes ejercen la prostitución.

 

[1] Informe anual de la oficina federal de investigación de la policía alemana (Bundeslagebild Menschenhandel: https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/Menschenhandel/menschenhandel_node.html)

[2] Esta asesoría tiene un carácter informativo y no contempla la realización obligatoria de chequeos médicos.

[3] Asimismo, en el sitio web se informa que la autoridad local “actualmente realiza esfuerzos” para disponer prontamente de un servicio de interpretación propio. Anmeldung für Prostituierte: Kreisverwaltungsreferat (KVR), Hauptabteilung I München, July 2017, https://www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/10223394/ 

Strategic Thematic Direction

During 2011-13, through our Power in Migration and Work thematic programme, we engaged more directly with the migrant rights and labour rights movements. During 2014-2016 our work will build on the work of previous years; we will continue to push for a human rights based approach in anti-trafficking policies and practices.  We will also deepen our engagement with the issue of migration and labour.

The three thematic strategic issues outlined below are continuations of our work during 2011-13.

ACCOUNTABILITY Increasing the accountability of all anti-trafficking stakeholders involved in the design or implementation of anti-trafficking responses, towards the persons whose human rights they purport to protect.

ACCESS TO JUSTICE Broadening spaces for trafficked persons and migrant workers to practice their human rights by improving access to justice and combating all forms of discrimination that impact women’s ability to exercise their human rights as they relate to trafficking.

POWER IN MIGRATION AND WORK Centring an analysis of women’s power in their labour and migration to better assess migration and labour policies’ impact on women, and to work towards labour and migration processes that reflect migrants’ needs, aspirations and capabilities.