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Events and News

Cómo afecta la nueva Ley de Prostitución alemana a las trabajadoras sexuales migrantes

Paula Riedemann, Coordinadora de Ban Ying, Berlín, Alemania

El 1 de julio entró en vigencia una nueva ley de prostitución en Alemania. Su nombre, paradójicamente, es “Ley para la protección de las/los prostitutas/os” (Prostituiertenschutzgesetz). Paradójicamente, porque estudiado el contenido y alcance de ésta, no queda más que concluir que el nuevo cuerpo legal tiene por fin aumentar los mecanismos de control en el ámbito de la prostitución. De una mayor protección legal, legitimación y autodeterminación de las trabajadoras sexuales, nada.

La ley anterior y la nueva

La ley de prostitución alemana previa databa del año 2002. Esta normativa, que estuvo vigente durante 15 años, tuvo por finalidad mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las prostitutas. A pesar de lo que comúnmente suele creerse, no legalizó la prostitución en Alemania, pues ésta ya era  legal desde 1927, sino que eliminó su calificación jurídica de “inmoral”. Un análisis a posteriori concluye que, más allá de lograrse un cierto reconocimiento social a través de la supresión de esta calificación jurídica discriminatoria, la ley sólo trajo consigo escasas mejorías en las condiciones de trabajo. Esto se debe principalmente a que, dada la estructura federal de Alemania, muchos aspectos concretos de su implementación quedaron en manos de los diferentes estados federados (Bundesländer). Las políticas que éstos siguieron fueron dispares y parcializadas y, en términos generales, limitadas y deficientes.  

No existe evidencia empírica de que esta ley haya generado un aumento de casos de trata de personas para fines de explotación sexual en Alemania. En efecto, las estadísticas oficiales a nivel nacional[1] demuestran que el número de casos se ha mantenido estable –sino ligeramente a la baja- en los últimos 15 años. Tampoco los centros de asesoría a personas objeto de trata reportan un aumento significativo de casos en su consultoría a partir de 2002. A pesar de ello, voces sesgadas provenientes mayormente de sectores abolicionistas lograron calar hondo en el debate público de los últimos años, influyendo en la discusión de la nueva ley y en su texto finalmente aprobado.

La nueva ley de prostitución establece que todas las personas que ejerzan como trabajadoras sexuales deben registrarse, con independencia  de la forma, lugar y regularidad con que se realice el trabajo. A través del registro se obtiene un “carnet de prostituta”. Éste contiene una fotografía de la persona titular, el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, lugares en los que ejerce el trabajo sexual, período de validez, lugar y oficina de expedición. Si bien la persona puede solicitar la emisión de un carnet que en vez de su nombre contenga un pseudónimo, éste tendrá todos los demás datos personales mencionados, incluida la fotografía. Por su parte, la nueva ley obliga a toda persona trabajadora sexual a hacerse asesorar regularmente en un servicio de salud, como requisito para obtener y renovar  el carnet[2].

La ley dispone que al concurrir una persona a registrarse, la autoridad encargada sostenga con ella una breve charla informativa. En caso de que el funcionariado estime que existen indicios reales de coacción, dependencia o explotación (la formulación usada por la ley aquí es similar a la del código penal alemán en la definición de la trata de personas) deberá denegar el registro. Si el funcionariado identifica una necesidad de asesoría más profunda, deberá informar de la existencia de lugares especializados para tal efecto. Por su parte, si identifica indicios reales de trata o explotación, deberá impulsar las “medidas necesarias para su protección”. Y esto es básicamente todo cuanto dispone la ley en términos de protección de víctimas: no se establecen estándares concretos de acción, protocolos de derivación o medidas de protección para situaciones de alta vulnerabilidad; tampoco se dispone el paso a una asesoría especializada, ni una necesaria facilitación de apoyo psico-social o legal. Cabe señalar que en la mayoría de los estados federados todavía no está claro qué entidad debe llevar a cabo el trámite de registro.

Cuestionamientos a la nueva ley

Inmediatamente surgen las siguientes preguntas: ¿qué será considerado por el funcionariado como un indicio real de explotación? ¿cómo será este funcionariado capacitado y sensibilizado para poder identificar falta de autodeterminación en la trabajadora sexual? ¿existirán, en cualquier caso, tales capacitaciones? ¿qué medidas de protección y apoyo entran en juego cuando una persona es identificada por la autoridad como presunta víctima de trata?

Quienes trabajamos con mujeres con experiencia de trata, explotación o violencia conocemos la importancia de generar condiciones adecuadas para que la consultante pueda explayarse acerca de lo vivido. La revelación de estas experiencias requiere de tiempo, calma, de un espacio protegido e idealmente de un carácter voluntario, condiciones fundamentales para la generación de confianza con la consejera. En el actual contexto de incertidumbre acerca de la entidad competente para hacer el registro de personas que ejercen el trabajo sexual –así el caso de Berlin, donde tiene su oficina Ban Ying -, existen razones fundamentadas para temer que estas charlas obligatorias no cumplirán con las condiciones esenciales mencionadas.

Por otra parte, la obligación de registro implica el fin de la posibilidad de ejercer el trabajo sexual de manera anónima en Alemania. Una vez que la persona se registra, sus datos fluyen directamente a la autoridad tributaria; qué otras entidades públicas tendrán acceso a esta información, es otra de las incógnitas frente a las que nos encontramos actualmente. Sabemos, en cualquier caso, que hoy en día nadie está en condiciones de asegurar fehacientemente una protección total de datos sensibles recogidos por la autoridad, ni tampoco su protección frente a filtraciones hacia el extranjero. Con todo, en términos de anonimato y protección de datos, posiblemente uno de los mayores problemas se origine en la existencia misma del carnet de prostituta. Bastaría que una tercera persona saque una fotografía al carnet, amenazando con exponerla públicamente en Internet, para hacerse de una efectiva herramienta de extorsión y chantaje a fin de establecer una relación de dependencia o  explotación con la trabajadora sexual.

La nueva ley de prostitución afecta de manera especial a trabajadoras sexuales migrantes y a aquellas en situación irregular

Una dificultad que de seguro les afectará es la barrera idiomática. La ley establece que la charla informativa de registro deberá darse en un idioma que sea “comprensible para la persona”, lo cual tiene mayor sentido si se considera que uno de los objetivos de esta charla es la identificación de situaciones de explotación. Sin embargo, será cada estado federado quien determine de qué manera dará cumplimiento a esta regla. Y ya tenemos aquí un mal precedente: actualmente en el sitio web de la ciudad de München se informa que, en caso que la registrante no comprenda el alemán, deberá concurrir a la cita de registro acompañada de una persona intérprete oficialmente certificada. El costo (no menor) de la interpretación certificada debe ser asumido enteramente por la registrante[3]

En segundo lugar, el riesgo de que la persona trabajadora sexual sea expuesta públicamente – por ejemplo, a través de una fotografía de su carnet de prostituta – tiene un elemento agravante en el caso de las migrantes. Personas que en Alemania se desempeñan en el trabajo sexual sin que lo sepan sus cercanos en el país de origen - en el cual, posiblemente, la prostitución se encuentra prohibida o es altamente sancionada en la sociedad – corren el riesgo de sufrir discriminación y estigma en caso de revelarse su fuente laboral, lo que podría incluso extenderse a su grupo familiar. Además, tal revelación podría traerles serias dificultades para encontrar un trabajo en un nuevo sector, en caso de que decidiesen retornar a su país de origen.   

Por último, a través de la obligación de registro la ley ha creado un nuevo factor de riesgo para personas indocumentadas que ejercen el trabajo sexual. Al no contar con un permiso de residencia no pueden ir a registrarse y se ven forzadas a incumplir una obligación legal, quedando en la clandestinidad. Se les impone así una fuente adicional de control y sanción, intensificándose su vulnerabilidad frente a abusos de terceros y aumentando las dificultades que tendrán para defenderse en caso de sufrir violencia o ser víctimas de delito.  

De todo lo anterior se deduce que la finalidad de la ley, proteger a las/los prostitutas/os, se queda sólo en el título. La ley no conlleva una mayor legitimación legal o social de las personas trabajadoras sexuales ni establece medidas adecuadas de identificación, acompañamiento, apoyo y garantía de derechos para personas sometidas a violencia o coacción. Con ello, Alemania ha desperdiciado una importante oportunidad para mejorar realmente las condiciones de vida y trabajo de quienes ejercen la prostitución.

 

[1] Informe anual de la oficina federal de investigación de la policía alemana (Bundeslagebild Menschenhandel: https://www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/Menschenhandel/menschenhandel_node.html)

[2] Esta asesoría tiene un carácter informativo y no contempla la realización obligatoria de chequeos médicos.

[3] Asimismo, en el sitio web se informa que la autoridad local “actualmente realiza esfuerzos” para disponer prontamente de un servicio de interpretación propio. Anmeldung für Prostituierte: Kreisverwaltungsreferat (KVR), Hauptabteilung I München, July 2017, https://www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/10223394/ 

Boletín GAATW-REDLAC octubre 2017: Noticias del Secretariado Internacional de la GAATW

Taller de aprendizaje con trabajadoras comunitarias

1 TALLER DE APRENDIZAJEGAATW-SI se reunió con entidades socias de Bangladesh y Nepal en julio y septiembre respectivamente para organizar un taller de aprendizaje con trabajadoras comunitarias y facilitadoras. Los talleres fueron diseñados con el objetivo de estimular conversaciones estructuradas con las trabajadoras comunitarias de OKUP, BOMSA, WOREC, ABC-Nepal y Pourakhi que trabajan con GAATW en el proyecto Work in Freedom –WIF (Trabajar en libertad).

A través de este ejercicio de aprendizaje, la GAATW pretende destacar las experiencias y percepciones de las trabajadoras comunitarias con respecto al tema de la migración, la igualdad de género, el trabajo y los derechos de las mujeres. Además, trata de entender el crecimiento de las trabajadoras comunitarias, tanto personal como profesional, especialmente en lo que respecta al papel de liderazgo y el análisis que hacen de las distintas experiencias que tienen mujeres y hombres en la comunidad.

Los talleres destacaron la importancia del trabajo comunitario, el papel crucial que desempeñan las trabajadoras comunitarias y su compromiso con las mujeres potencialmente migrantes y retornadas. En Nepal se organizó un grupo de discusión  con entidades socias para debatir en profundidad y documentar sus ideas, observaciones y dilemas mientras llevaban a cabo su trabajo comunitario. Puja Roy y June Saetang proporcionaron apoyo técnico y orientación al equipo del Secretariado durante el taller en Nepal.

El Secretariado está preparando material multimedia y un documento de aprendizaje que será compartido al final del año para presentar los resultados de nuestra colaboración con las trabajadoras comunitarias de India, Bangladesh y Nepal a través del proyecto WIF.

 

Trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna: entendiendo las narrativas populares y planificando la acción estratégica

Agosto 17-20, Bangkok. 

2 TRATA DE PERSONAS TRABAJO FORZOSO Y ESCLAVITUD MODERNAGAATW y ‘Beyond Trafficking and Slavery’ celebraron el encuentro "Trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna: entendiendo las narrativas populares y planificando la acción estratégica" al que acudieron más de 30 participantes, incluyendo miembros de la red y otras entidades aliadas de África, Asia, Europa y las Américas.

El objetivo era reflexionar sobre las implicaciones de los derechos humanos en los marcos de la trata de personas, el trabajo forzoso y la esclavitud moderna e identificar oportunidades de incidencia a nivel local, regional e internacional; una voz unida es más potente a la hora de instar a los actores estatales y no estatales a reconocer el amplio espectro de violaciones de derechos que enfrentan las mujeres migrantes y objeto de trata.

Durante estos días se alentó a las personas participantes a adoptar una visión longitudinal y contemporánea de las iniciativas de lucha contra la trata a nivel mundial y a analizar tanto los desafíos enfrentados como los éxitos conseguidos. Discutimos las consecuencias de la permanente división feminista respecto al tema de prostitución versus trabajo sexual y buscamos profundizar en conceptos como la trata, la libertad, la esclavitud y la debatible importancia de los datos cuantificables. También discutimos conceptos más amplios desde una perspectiva feminista como los mercados de trabajo globales y los esfuerzos actuales para controlar la migración, ya sea por parte del Estado, organizaciones intergubernamentales o por la sociedad civil. Por último, destacamos la necesidad de resistencia de la sociedad civil frente a la agenda neoliberal globalizada o a la política de financiación.

A pesar de que estas cuestiones son la base de nuestro trabajo, los significados son variables y los contextos políticos cambiantes,  por ello resulta crítico revisar nuestra comprensión de las mismas. Fue una discusión emocionante y fructífera y se convino en dos grandes vías: la necesidad de una estrategia comunicativa y de incidencia que influya en la opinión pública, y la  necesidad de construir un movimiento intersectorial. 

 

GAATW-SI acude al III Foro Feminista Asia Pacífico 

3 GAATW-SI ACUDE AL III FORO FEMINISTA.jpgEl Tercer Foro Feminista de Asia Pacífico se celebró del 7 al 9 de septiembre en Chiang Mai, Tailandia y reunió a alrededor de 300 activistas feministas de la región. Durante el foro se realizaron 43 talleres para discutir posibles estrategias para desmantelar el patriacarcado, el capitalismo corporativo global, el militarismo y el fundamentalismo, y para articular nuestra visión del mundo. El foro fue una oportunidad para unirnos en solidaridad y acelerar el proceso de construcción de una agenda justa de desarrollo.

Las organizaciones Jharkhand Red anti-trata de India, WOFOWON de Nepal y Empower de Tailandia, miembros de GAATW, organizaron el taller interactivo Combatiendo las narrativas tradicionales en el trabajo contra la trata. Durante el taller conocimos las estrategias que cada una de las organizaciones ha desarrollado para resistir tanto las narrativas tradicionales como las políticas migratorias y de trabajo que restringen los derechos de las mujeres en los dos ámbitos. A través de un juego interactivo reflexionamos sobre nuestros privilegios y la autonomía que tenemos en nuestras decisiones.

En el taller escuchamos cómo en India las mujeres migrantes y potenciales migrantes están incidiendo en la política anti migratoria que, contradiciendo a la Constitución les priva de su libertad, para conseguir un enfoque más dirigido hacia la migración segura. En cuanto a las mujeres trabajando en el sector del entretenimiento y las trabajadoras sexuales en Nepal, supimos cómo éstas están rompiendo las barreras y enfrentando la discriminación a través de la organización.

Durante el foro nos implicamos en las acciones de protesta por el asesinato de la periodista india Gauri Lankesh y las de apoyo a las mujeres Rohingya que están enfrentando genocidio en Birmania.  Además celebramos la libertad de movilización y de expresión a través de talleres de movimiento danza-terapia y meditación y aprendimos sobre resistencia a través del arte, la danza y el rap. 

Boletín GAATW-REDLAC octubre 2017: Noticias de nuestros miembros

II Balance de la Implementación de las Políticas Anti-Trata en Bolivia, Colombia y Guatemala 

4 II BALANCE DE LA IMPLEMENTACIONUn año después de la realización del primer balance se puede afirmar sin lugar a dudas que la legislación contra la trata de personas sigue sin aplicarse efectivamente en ninguno de los tres países. Las instituciones no cumplen con el total de sus responsabilidades ni se está propiciando la restitución de los derechos vulnerados a las personas objeto de trata.

No solo falta la debida asignación presupuestaria específica para poder ejecutar la Ley, sino que además la mayor parte de las instituciones responsables de acciones de prevención, atención o persecución desconocen el presupuesto disponible para la ejecución de dichas acciones.

Por otra parte destaca también la falta de uniformidad en la recogida de información lo que conlleva una gran ambigüedad en la información disponible y por tanto un desconocimiento del delito. Un registro adecuado de los casos de trata permitiría tipificar y cuantificar la información en aras de diseñar políticas públicas más adecuadas.

Una necesidad identificada en los tres países es la formación permanente a las personas involucradas en cualquier nivel de los procesos de identificación, atención, protección y persecución del delito sobre el delito de trata de personas y en materia de derechos humanos.

Por último, es preocupante que en general los Estados sigan sin relacionar las estrategias de prevención con políticas públicas que afronten aspectos estructurales como la pobreza o la falta de cobertura de derechos básicos.

Aquí puede encontrar los informes completos.  

 

 

Brigada Callejera denuncia las irregularidades en la Zona Galáctica

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer ‘’Elisa Martínez’’, A.C., México

Brigada Callejera se reunió el pasado julio con la mesa de trabajo interinstitucional para analizar una serie de irregularidades que están ocurriendo en la zona de tolerancia (lugares donde las autoridades municipales autorizan el ejercicio del trabajo sexual), conocida como la “zona galáctica”.

Según los testimonios de varias trabajadoras sexuales se les están haciendo cobros irregulares por realizarse las pruebas rápidas de distribución gratuita de VIH y sífilis. Además, el médico encargado del control sanitario, les vende condones del sector salud que también deberían ser gratuitos.

Elvira Madrid Romero, presidenta de Brigada Callejera, denunció también los cobros que realiza el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) a los clientes para acceder a la “zona galáctica”, usar el sanitario y estacionar los automóviles y por los que no siempre se extiende un recibo fiscal. 

De la misma forma, Brigada Callejera recordó la necesidad de reconocer a las trabajadoras sexuales de la vía pública como trabajadoras no asalariadas. Reconocimiento que les proporcionaría seguridad jurídica y la posibilidad de formar sindicatos legales para enfrentar conjuntamente el abuso laboral, la discriminación o las arbitrariedades de autoridades sanitarias, hacendarias o policiacas.

Actualmente las trabajadoras sexuales están reconocidas como trabajadoras no asalariadas en la Ciudad de México gracias una estrategia exitosa de incidencia política por parte de Brigada Callejera, la Red Mexicana de Trabajo Sexual y el bufete Tierra y Libertad.

 

Natividad Obeso elegida como Secretaria del Parlamento de Mujeres de Buenos Aires.

Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina – AMUMRA

El Parlamento de las Mujeres de Buenos Aires cuenta desde agosto con un nuevo equipo de trabajo. Entre las personas que lo conforman se encuentra Natividad Obeso, fundadora y presidenta de AMUMRA y Paula Arriagada, integrante de la Fundación Develar.

Natividad y Paula son la primera mujer migrante y la primera mujer trans respectivamente elegidas como autoridades de dicho parlamento para el mandato 2017-2018.

El Parlamento de las Mujeres se creó en 2011 como iniciativa de participación ciudadana para promover una agenda feminista a fin de eliminar las desigualdades existentes por razones de género en Buenos Aires. El Parlamento es además un espacio de participación directa de las organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos de las mujeres reivindicando su diversidad social, sexual, cultural y étnica.

Felicitamos tanto a la compañera Natividad Obeso como a Paula Arriagada por tamaño logro y les animamos a seguir aportando para la construcción de un feminismo representativo e inter-seccional.  

 

15 nuevas empresas turisticas de Bogotá adoptan código internacional para proteger a la niñez de la explotación sexual comercial

Fundación Renacer, Colombia

5 15 NUEVAS EMPRESAS TURISTICAS15 empresas prestadoras de servicios turísticos de Bogotá ubicadas en la localidad de Chapinero, adoptaron buenas prácticas para hacer de sus establecimientos entornos protectores para la niñez y la adolescencia frente a la explotación sexual comercial en el contexto de los viajes y el turismo a través del código internacional The Code.

The Code es una iniciativa escandinava avalada por la Organización Mundial de Turismo, ECPAT Internacional y UNICEF, que invita a las empresas a proteger los derechos humanos de la niñez. Hoy está presente en más de 86 países incluyendo Colombia que cuenta con 300 empresas y más de 27 mil agentes de prevención frente a este delito.

En el evento se presentaron los resultados del trabajo que se viene realizando a través de laboratorios sociales formados por Cotelco Bogotá – Cundinamarca, la Policía de Turismo, la Fundación Universitaria Los Libertadores, la Alcaldía Local de Chapinero, el Instituto Distrital de Turismo y La Fundación Renacer.

El estudio de los diferentes sectores permitió establecer que los explotadores sexuales están migrando fuertemente a los entornos digitales, con el propósito de contactar a niñas, niños y adolescentes para involucrarlos en las dinámicas de la explotación sexual comercial. Estos laboratorios sociales también revelaron que los salones de belleza, los bares, las escuelas de baile, algunos apartamentos alquilados para estos fines, las whiskerías y los cafés internet son utilizados para el contacto y la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con el fin de contrarrestar estas actividades, los laboratorios sociales han producido insumos sobre los diversos sectores estudiados que han logrado establecer un plan de acción de prevención frente a este delito que se espera sea asumido y desarrollado por los mismos.

Mayores informes: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

El uso del derecho para proteger los derechos de las victimas de trata

El uso del derecho para proteger los derechos de las víctimas de trata

Una experiencia desde Colombia

Carmen Cecilia Martínez López y Cristina Rosero Arteaga

Abogadas, Women’s Link Worldwide

El 31 de agosto de 2016, la Corte Constitucional colombiana eliminó el requisito legal que condicionaba a las víctimas, a la presentación de una denuncia penal, para que éstas pudieran acceder y recibir asistencia, tras acoger los argumentos presentados por organizaciones de la sociedad civil y la academia. 

Esto sucedió después de que la norma fuera demandada ante dicho tribunal, alegando la inconstitucionalidad de tal requisito y solicitando que, en consecuencia, se eliminase. La Alianza Colombiana de Organizaciones de la Sociedad Civil contra la Trata de Personas, mediante una estrategia liderada por Women’s Link Worldwide, apoyó la demanda con la interposición de intervenciones (amicus curiae). Distintas organizaciones pertenecientes a la Alianza presentaron sus argumentos ante la Corte desde diferentes ópticas, acercando las graves consecuencias que enfrentaban las víctimas de trata por la restricción que imponía la norma, que, adicionalmente impedía el restablecimiento de sus derechos.

En su sentencia, la Corte reconoció que la medida era desproporcionada para las víctimas, dado que implicaba un beneficio muy pequeño frente a la alta restricción que suponía para éstas el no tener acceso a servicios de salud integral, educación, oportunidades laborales, medidas de seguridad, entre otros. Aunado a ello, la Corte estableció que obligarlas a presentar una denuncia penal podría generar su re victimización, dado que pueden existir múltiples circunstancias por las que éstas no deseen hacerlo, en especial si el trato por parte de las autoridades es hostil o estigmatizante. Para la Corte, la asistencia a víctimas de trata debe tener en cuenta las repercusiones particulares que el delito puede tener sobre cada una de ellas y debe ir más allá de un momento de urgencia.

El poder del Derecho y su uso estratégico para crear cambio social.

Colombia es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. A pesar de que es una realidad presente, el delito se encuentra invisibilizado, especialmente la trata interna y, en ese sentido, las medidas del poder ejecutivo para combatirla han sido insuficientes. En contextos como éste, el uso estratégico del Derecho tiene el poder de crear un cambio social en favor de las víctimas.

Si aplicamos exitosamente los principios internacionales de derechos humanos cuando se litiga en contextos nacionales para hacer avanzar los derechos y garantías de personas o grupos afectados, se puede aprovechar el potencial de la jurisprudencia resultante, e incidir a todo nivel para su efectiva implementación.

En 2005, la Ley 985 de 2005, por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma, reconoció por primera vez derechos específicos a las víctimas de trata, entre los que estableció el acceso a una asistencia de tipo inmediata (que contempla medias urgentes y transitorias) y una asistencia mediata, correspondiente a medidas para la reconstrucción de sus proyectos de vida. Aunque se trató de un avance importante, también estableció que, para poder acceder a la asistencia mediata, las víctimas estaban obligadas a presentar una denuncia penal en contra de sus tratantes. Esta limitación supuso un obstáculo difícil de superar para las víctimas, pues en general tienen miedo a represalias, re-victimizaciones, estigmatización o no cuentan con las condiciones necesarias para presentar la denuncia. 

Tal y como argumentó Women’s Link ante la Corte, la exigencia de una denuncia para asistir a las víctimas, además de ir en contra de los estándares internacionales, es una medida desproporcionada que privilegia la persecución del delito sobre los derechos de las víctimas. A su vez, este enfoque punitivo ignora que la trata de personas es, ante todo, una violación de derechos humanos e impide que el abordaje estatal de lucha contra la trata tenga como pilar fundamental garantizar la protección de los derechos de las víctimas.

La reciente Sentencia C-470 de la Corte Constitucional colombiana ha dado un paso en la dirección correcta para salvaguardar la dignidad de las víctimas de trata de personas y cuenta con la capacidad necesaria para impactar sustancialmente en sus vidas. Esta decisión supone un relevante avance que hace prevalecer el enfoque de derechos humanos en el abordaje de la trata.

Tareas pendientes

El reto ahora es que la decisión no se quede en papel y las víctimas puedan acceder efectivamente a medidas de protección y restablecimiento al menos durante seis meses, como lo estipula la regulación de la atención mediata. Para lograrlo, hace falta cumplir varias tareas. La primera, es que las autoridades encargadas garanticen la aplicación de la sentencia, armonizando la legislación vigente, eliminando tal requisito de todas las regulaciones en la materia y asegurando que en ningún caso un funcionario vuelva a exigir una denuncia a las víctimas de trata como condición para prestar atención.

En segundo lugar, es urgente mejorar la labor de identificación de víctimas, que sigue haciéndose de forma pasiva y excepcional, mediante la adopción de rutas y protocolos claros de identificación y atención que velen por la protección y el respeto de sus derechos.

En tercer lugar, deben establecerse políticas, recursos económicos y materiales destinados a la atención integral y efectiva de las víctimas ya identificadas, que incluya el acceso a alojamiento digno, manutención, atención en salud física y psicológica adecuada, retorno seguro con evaluación del riesgo, acompañamiento adecuado para la regularización de la situación migratoria incluyendo el asilo (en casos de víctimas extranjeras), oportunidades de estudio y de trabajo, acompañamiento jurídico dentro y fuera del proceso penal contra los tratantes, y todas las demás medidas necesarias para proteger sus derechos, entre ellas, la capacitación permanentemente a funcionarios encargados de identificar y asistir a víctimas.

La sentencia de la Corte Constitucional aporta estándares significativos en términos de protección de la vida e integridad de las víctimas de trata, que han sido escasos en Colombia y en el resto de la región y que, además, nos confirma la importancia y necesidad de emprender litigio de interés público. Corresponde ahora a las autoridades competentes eliminar las barreras jurídicas, culturales y sociales que persisten y obstaculizan la atención integral a las víctimas de trata.

La sentencia C-470 de 2016 ha sido nominada en la categoría “Mallete” a los Premios Género y Justicia de 2017, una iniciativa que busca crear control social frente al rol de los jueces frente al avance de los derechos de las mujeres y niñas. Podrá ver los ganadores próximamente en el siguiente link: http://www.womenslinkworldwide.org/premios

Strategic Litigation for Protecting the Rights of Victims of Trafficking

Strategic Litigation for Protecting the Rights of Victims of Trafficking

An experience from Colombia

Carmen Cecilia Martínez López and Cristina Rosero Arteaga

Attorneys, Women’s Link Worldwide

version en español

On 31 August 2016, the Constitutional Court of Colombia struck down the legal requirement for victims of trafficking to file a criminal complaint in order to be able to access and receive assistance, after years of advocacy by civil society organizations and academics.

The decision followed a challenge to the rule brought before the Constitutional Court, which alleged that it was unconstitutional and demanded its removal. The Colombian Alliance of Civil Society Organizations against Trafficking in Persons, led by Women’s Link Worldwide, supported the claim by filing interventions (amicus curiae). Various organisations belonging to the Alliance explained the serious consequences faced by victims of trafficking due to the restriction imposed by the rule.

In its judgment, the Court recognised that the measure was disproportionate, as it implied a small benefit compared to the serious restriction it placed on victims by denying them access to comprehensive health services, education, employment opportunities, and safety measures, among others. In addition, the Court ruled that requiring victims to file a criminal complaint could lead to revictimisation, and that there were numerous reasons why they would not want to do so, particularly where treatment by the authorities was hostile and stigmatising. In the opinion of the Court, assistance for victims of trafficking must take into account the individual consequences the crime can have on each victim, and must continue beyond the initial crisis services.

The power of the law and its strategic use to create social change

Colombia is a country of origin, transit and destination for victims of trafficking. This crime is largely invisible, particularly in the case of internal trafficking, and the current measures to combat it have been insufficient. Thus the strategic use of the law has the power to create social change for the benefit of victims.

If international human rights principles are successfully applied in litigation in the national context, it is possible to use the resulting jurisprudence, and have an impact at every level for its effective implementation.

In 2005, Law 985 of 2005, adopting measures against trafficking and rules for assistance to and protection of victims, recognised for the first-time specific rights for victims of trafficking, such as access to immediate assistance, including long-term and short-term measures, and measures for restoring victims’ lives. Although this represented an important step forward, the law also established that in order to access assistance, victims were required to file a criminal complaint against their traffickers. This limitation implied a significant obstacle for victims, who generally fear reprisals, re-victimisation, and stigmatisation, or do not fulfil the requirements to make a claim.

As Women’s Link argued before the Court, the requirement to file a criminal complaint in order to be able to access assistance is a disproportionate measure which prioritised the prosecution of crime over the rights of victims. This punitive focus also ignores the fact that trafficking in persons is above all a human rights violation, and precludes the state from guaranteeing of the rights of victims as a fundamental pillar.

The recent Judgment C-470 of the Constitutional Court of Colombia is a step in the right direction for the safeguarding of the dignity of victims of trafficking, and has the potential to impact their lives substantially.

The road ahead

The challenge now is to ensure that the decision is implemented in practice, and that victims can effectively access protection and rehabilitation measures for at least six months, as provided by the regulation on subsequent assistance. In order to achieve this, there are several important tasks. The first is for the responsible authorities to ensure the implementation of the judgment by harmonising the current legislation, removing the requirement from all by-laws, and ensuring that officials do not continue to require a criminal complaint as a precondition to providing assistance to victims of trafficking.

Secondly, victim identification must be urgently improved through the adoption of clear protocols and guidelines for identification and assistance which ensure the protection of and respect for victims’ rights.

Thirdly, the government needs to allocate adequate resources for comprehensive and effective assistance to victims who have already been identified, which includes access to decent accommodation, physical and mental health services, safe return after risk assessment, regularisation of immigration status including asylum (in the case of foreign victims), opportunities for education and work, legal assistance, and all other measures necessary to protect victims’ rights. Government officials responsible for the identification of and assistance to victims need to receive ongoing and tailor-made training.

The judgement of the Constitutional Court sets important standards with respect to the protection of the life and integrity of victims of trafficking, which have been lacking in Colombia and the rest of the region, and confirms the importance of and the need for public interest litigation. It is now up to the responsible authorities to remove the remaining legal, cultural, and social barriers which stand in the way of comprehensive assistance for victims of trafficking.

Judgment C-470 of 2016 has been nominated for a Gavel Award at the 2017 Gender Justice Uncovered Awards, an initiative which seeks to create social monitoring of the role of judges in the advancement of the rights of women and girls.

Strategic Thematic Direction

During 2011-13, through our Power in Migration and Work thematic programme, we engaged more directly with the migrant rights and labour rights movements. During 2014-2016 our work will build on the work of previous years; we will continue to push for a human rights based approach in anti-trafficking policies and practices.  We will also deepen our engagement with the issue of migration and labour.

The three thematic strategic issues outlined below are continuations of our work during 2011-13.

ACCOUNTABILITY Increasing the accountability of all anti-trafficking stakeholders involved in the design or implementation of anti-trafficking responses, towards the persons whose human rights they purport to protect.

ACCESS TO JUSTICE Broadening spaces for trafficked persons and migrant workers to practice their human rights by improving access to justice and combating all forms of discrimination that impact women’s ability to exercise their human rights as they relate to trafficking.

POWER IN MIGRATION AND WORK Centring an analysis of women’s power in their labour and migration to better assess migration and labour policies’ impact on women, and to work towards labour and migration processes that reflect migrants’ needs, aspirations and capabilities.