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Joint civil society recommendations for the trialogue negotiations on the revision of the EU ‘Anti- Trafficking Directive’ (2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and...
22nd November, 2023
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GAATW International Secretariat and members stand in solidarity with Bangladeshi garment workers who are protesting the new minimum wage proposed by the Labour Department, which...
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GAATW organised a panel at the IWRAW virtual Global South Women’s Forum(GSWF) on 29th October 2023. GAATW organised it with its members and partners from South East Asia and Latin America. They are...
Berlin, July 2023
1. Background and Context
Over the last three years GAATW, together with ten partners from Southeast Asia and Europe, has used a feminist participatory action research methodology to learn about the experiences of 259 Southeast Asian women migrants who were...
In 2023, the Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) together with ten partner organisations from Southeast Asia and Europe researched Southeast Asian migrant women’s experience of migration to Europe, and of their reintegration at home...
In recent decades, neoliberal policies have transformed both the world economy and the world of work. Hard-won rights and protections have been eroded by deregulation, outsourcing, and subcontracting. New forms of unstable, isolated, and insecure work have emerged.
The new issue of Anti-Trafficking Review examines the driving forces behind the increasing prominence of precarious work, the accelerating role of migrant labour within global economy, and the relationship between everyday abuses and forms of severe exploitation which have come to be defined as human trafficking and modern slavery. It shows that a singular focus on individual cases can draw attention away from the larger systems, interests, and abuses associated with the smooth operations of the global economy. It also shows that some of the energy which has been directed towards combating ‘modern slavery’ could be usefully redirected towards lower profile interventions concerned with worker and migrant rights.
Over the past decade, scholars, activists, and policymakers have repeatedly called for an examination of the role of technology as a contributing force to human trafficking and exploitation. Attention has focused on a range of issues from adult services websites and the use of social media to recruit victims and facilitate trafficking to the utilisation of data analytics software to understand trafficking and identify ‘hotspots of risk’.
The new issue of Anti-Trafficking Review explores some of the assumptions about the role of technology in facilitating or preventing human trafficking and exploitation and the currently available technological tools that purport to address them. It concludes that the factors that enable and sustain human trafficking, such as lack of decent jobs and social protections, or inhumane labour migration regimes, require political will – not tech solutionist fixes.
This Special Issue of the Anti-Trafficking Review reflects the growing unease and disagreements among anti-trafficking practitioners and scholars about the current state of public awareness and perceptions of human trafficking: how and by whom they are produced and manipulated and whether they lead, or can lead, to any meaningful anti-trafficking action. Taken together, the articles converge around one central message: overall, public perceptions of human trafficking—whether created by the media, NGOs, governments or corporations, and conveyed through campaigns, apps, newspapers or corporate statements—remain incomplete and, often, misleading regarding the nature of trafficking, its root causes and, consequently, its prevention. Despite their diversity, most awareness-raising messages fail to highlight these root causes and to call for structural reforms to the socio-economic and political systems that drive human trafficking and related exploitation.
Las trabajadoras migrantes en América Latina están aguantando violencia extrema para poder mantener a sus familias, según la investigación realizada con trabajadoras de la confección, del sector servicios, la venta ambulante, el trabajo del hogar y trabajadoras sexuales.
La precariedad económica fue el factor determinante para aceptar salarios de pobreza y condiciones de trabajo pésimas:
Trabajadoras de maquilas en Guatemala y Brasil trabajan alrededor de 12 horas diarias por tan solo 200 dólares al mes y son encerradas en las fábricas hasta que alcanzan los objetivos de producción.
En Colombia, algunas trabajadoras del hogar internas trabajan siete días a la semana, hasta 15 horas al día, con salarios por debajo del salario mínimo y, en algunos casos, sin salario en absoluto.
Todas las participantes dijeron que la constante inestabilidad económica y la inseguridad laboral en la que se encuentran les hace tolerar condiciones que en otro contexto nunca hubieran imaginado aceptar.
La investigación tuvo como objetivo explorar la violencia de género en el mundo del trabajo desde la perspectiva de las trabajadoras migrantes. Las 172 mujeres entrevistadas por ocho organizaciones de la sociedad civil relataron un amplio rango de violencia y discriminación moldeado por sociedades y familias patriarcales, racismo y xenofobia y una arraigada economía capitalista neoliberal. Esto está haciendo que la precariedad permanente a través de la falta de cobertura social, salarios de pobreza, condiciones de trabajo de explotación e inseguridad laboral se asuma como la 'nueva normalidad'.
Principales resultados
Coerción económica
La posibilidad de quedarse sin empleo y no poder mantener a sus familias, ni acceder a la educación, la atención médica, la alimentación y la vivienda fue la razón principal por la cual las participantes soportaron las situaciones de explotación. Si alzaban la voz y protestaban, serían despedidas y se les retendría el pago. La mayoría considera que 'es mejor callarse'.
Las cargas de cuidado de género empujan a las mujeres a la migración y el trabajo precario. Las mujeres migrantes son responsables de la atención y el apoyo físico, emocional y financiero a sus familias. Esta triple carga les empuja a aceptar trabajos mal pagados y a trabajar en condiciones de explotación.
La discriminación interseccional que enfrentan las mujeres migrantes a la hora de acceder a los servicios públicos incrementa esta tendencia y las obliga a tolerar todo tipo de violencia.
(Falta de) Derechos en el trabajo:
Salarios de pobreza: La mayoría de las participantes comentaron que se les paga por debajo del salario mínimo nacional y por debajo de lo que reciben los hombres y las trabajadoras locales que realizan el mismo trabajo.
Las horas de trabajo excesivas y el trabajo difícil, sin días libres o con muy pocos es algo común; en algunos casos han de estar disponibles constantemente.
Las relaciones contractuales son principalmente verbales y se incumplen continuamente.
La mayor parte del tiempo los empleadores no aseguran a las trabajadoras ni las afilian a los sistemas nacionales de seguridad social.
A las trabajadoras se les niega atención médica incluso si están enfermas o lesionadas.
Las participantes también comentaron que son despedidas de repente y sin justificación.
Las mujeres migrantes experimentan limitaciones a su libertad de movimiento, a través del encierro o la retención de sus documentos de identidad.
Violencia física y psicológica: De los sectores que han participado en este estudio, las trabajadoras del hogar y las trabajadoras sexuales reportan la mayor violencia física y verbal:
En el caso de las trabajadoras del hogar, quienes las emplean y sus familiares ejercen abuso verbal y físico: “Me explicaba a los golpes, me pellizcaba, me daba golpes en la cabeza, y por la necesidad yo me aguantaba”.
En el caso de las trabajadoras sexuales, esta violencia es extrema y en muchos casos resulta en desapariciones y asesinato. Las compañeras que intentan localizar a las trabajadoras sexuales desaparecidas con la ayuda de las autoridades, se encuentran con la indiferencia institucional.
Las trabajadoras sexuales también son el único grupo de trabajadoras que denunciaron violencia extrema por parte de vecinos, iglesias y periodistas. Describieron un incidente en el que un grupo de vecinos confrontó a las trabajadoras sexuales en la calle, les arrancó la ropa, las azotó con palos y finalmente las empujaron a un río y amenazaron con quemarlas vivas.
Violencia sexual y acoso: el acoso sexual se utiliza como una forma de abuso de poder y control durante todo el ciclo de trabajo (contratación, permanencia, ascenso): “el patrón me dijo que yo estaba muy joven para ese trabajo, pero que él podía ayudarme si yo sabía portarme bien con él. […] me hizo entender que, para darme el trabajo, yo debía estar con él”.
Vigilancia y control: muchas trabajadoras migrantes en trabajos precarios viven bajo una supervisión y un control constantes. El estudio con trabajadoras del hogar en Colombia muestra cómo las empleadoras se apropian de los cuerpos de las mujeres con la justificación de que 'saben lo que es mejor': “La patrona, consideraba que yo no tenía derecho a tener amigos, ni novio y menos a tener relaciones sexuales, porque las mujeres pobres somos brutas”.
Formas de discriminación múltiples e interconectadas: La discriminación y la violencia experimentadas por las mujeres migrantes variaron según la raza, la nacionalidad y el sector laboral, y las mujeres también fueron objeto de estereotipos racistas y sexistas.
Las mujeres negras colombianas que buscan trabajo del hogar comentaron que a menudo les decían que un trabajo ya no estaba disponible cuando el empleador veía que eran negras o que les decían “este trabajo no es para mujeres negras”.
En Brasil, las mujeres bolivianas sufrieron el peso de los estándares de belleza de la sociedad brasileña. “Siempre me dicen: eres la mujer más fea del mundo”. Las mujeres venezolanas fueron objeto de estereotipos de hiper-sexualidad y promiscuidad en Perú y Colombia: “querían que me vistiera y fuera ‘insinuante’ con los clientes para vender más, ‘coquetería comercial’ la llamaban”.
Las trabajadoras sexuales enfrentan situaciones particulares de violencia que comienzan con la criminalización de su trabajo, la amenaza de quitarles a sus hijas e hijos y los exámenes médicos o las pruebas de embarazo obligatorias.
No hay justicia: la mayoría de los casos de violaciones de los derechos laborales no se denuncian por el temor bien fundado al despido u otras represalias, o por falta de credibilidad en las instituciones responsables de garantizar el cumplimiento de la legislación laboral.
Culpar a la víctima: las conversaciones revelaron una cultura de culpar a las víctimas tanto entre las mujeres como entre los empleadores y la sociedad, donde se considera que las mujeres han propiciado al acoso sexual y la violencia a través de su comportamiento y la ropa que visten.
La discriminación en el acceso a servicios públicos agrava el impacto de la discriminación y la violencia: las participantes mencionaron un trato diferente hacia ellas en comparación con el recibido por las trabajadoras nacionales. También hablaron del desprecio de las instituciones públicas, sus empleadores y la sociedad en general por ser extranjeras o por ignorar los códigos culturales.
Violencia estatal: la violencia institucional ejercida por los funcionarios públicos es común entre las trabajadoras del sector informal:
Las vendedoras ambulantes en Argentina relataron situaciones de abuso físico, agresión verbal y retirada de mercancías por parte de la policía.
Además de las agresiones físicas y verbales de los funcionarios públicos, las trabajadoras sexuales en México enfrentan amenazas, violaciones en grupo, falsas acusaciones y extorsiones.
La violencia en el hogar y su impacto en el mundo del trabajo: muchas de las participantes sufrieron violencia en casa, por parte de sus parejas. Cuando esta violencia ocurre en familias que viven en talleres de confección, esta se ve agravada por el hecho de que no hay separación entre la vida familiar y la vida laboral. Las mujeres explicaron que el haber presenciado tantas situaciones de violencia contra otras mujeres, hacen que esto se considere un hecho normal.
“Recuerdo una vez en mi habitación, en que oí los gritos de una compañera. En ese día, su marido bebía y la golpeaba mucho. […] Es horrible porque la gente escucha, pero en realidad no puede hacer nada. Después de que él salió yo fui allí, le pregunté si quería que yo fuera con ella en la policía. Ella no quiso. Es así. Yo también tuve mis días que cogí. Nos sentimos muy avergonzadas porque todo el mundo se entera. Pero al día siguiente se lleva como si nada ha pasado y sigue la vida”.
Un ciclo de explotación
Muchas de las trabajadoras han permanecido en un ciclo de explotación durante su proceso migratorio. Las estructuras económicas y sociales operan de tal manera que la primera opción laboral encontrada por las mujeres migrantes es dentro de los trabajos feminizados, donde la precariedad y la informalidad son la regla. El endeudamiento se ha vuelto sistémico, y la necesidad económica hace que la relación laboral se convierta en una relación prestamista-deudor.
Romper el ciclo
Los resultados de la investigación evidencian que la explotación y las violaciones de los derechos laborales no son una anomalía de nuestro sistema económico, sino que están integradas en el paradigma económico neoliberal y patriarcal. Para romper el ciclo de explotación se requiere un enfoque transformador feminista y centrado en las trabajadoras.
Over the past two decades there has been a growing body of academic and community-based literature on sex workers’ lives and work. However, the discourses, laws, and policies that impact sex workers are continually changing, and critical perspectives are constantly needed. Therefore, this Special Issue of the Anti-Trafficking Review highlights some of the current achievements of – and challenges faced by – the global sex worker rights movement.
Contributors examine the ways in which organising and collectivisation have enabled sex workers to speak up for themselves and tell their own stories, claim their human, social, and labour rights, resist stigma and punitive laws and policies, and provide mutual and peer-based support. The contexts in focus include Canada, Latin America and Caribbean, United States, France, South Africa, India, Thailand and the Philippines.
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