España necesita abrir un debate sobre trabajo sexual basado en derechos e información veraz
El 4 de agosto de 2018, apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado el registro del primer sindicato de trabajadoras del sexo en España: la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS). La semana pasada, casi un mes después, el gobierno descubrió que un grupo de trabajadoras se habían registrado como sindicato y esto provocó una cadena de comentarios y afirmaciones peyorativas sobre el trabajo sexual y las trabajadoras del sexo. La Ministra de Trabajo sentenció que haría todo lo necesario para revocar esta decisión y anular el registro.
¿Por qué un gobierno que se dice socialista y feminista trataría de frenar la fundación de una organización que pretende proteger los derechos de las trabajadoras y mejorar sus condiciones de trabajo? La respuesta es tan sencilla como preocupante: porque estas trabajadoras son trabajadoras sexuales.
Durante estos días, la prensa ha publicado varios artículos en los que se repiten afirmaciones falsas que nos gustaría clarificar:
“La prostitución es ilegal en España”
La prostitución no es ilegal en España. Actualmente la compra y venta de sexo por parte de personas adultas no es un delito penal, pero la implicación de terceras partes y beneficiarse de los ingresos del trabajo sexual de otras personas si lo son. Desde que se aprobó la controvertida Ley Mordaza en 2015 se penaliza la solicitud y aceptación de servicios sexuales pagados cuando ocurra en zonas públicas cercanas a lugares destinados a menores o cuando estos comportamientos pueden causar riesgos para la seguridad vial.
“La mayor parte de las mujeres en prostitución lo hacen contra su voluntad”
Según un informe publicado en 2015 del entonces Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad se estima que en España hay 45.000 trabajadoras del sexo,[1] mientras que tanto la prensa como organizaciones de la sociedad civil llevan años repitiendo que el número asciende a 300.000 y que de estas, el 80% y el 90% lo hacen de forma forzada. Sin embargo no existe ningún estudio que avale estas cifras. Según el informe de la UNOD[2] publicado en 2010, habría un 14% de mujeres ejerciendo el trabajo sexual de forma forzada.
“Prostitución= tráfico de personas = trata de personas = explotación de mujeres”
El discurso contra la trata en España confunde trabajo sexual con explotación sexual y trata de personas creando así estereotipos que afectan directamente a las trabajadoras del sexo. Como resultado, las trabajadoras y sus organizaciones se ven estigmatizadas, tergiversadas y, en muchos casos, criminalizadas. Las causas de la trata yacen en asuntos más estructurales y profundos como la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de protección social y las políticas migratorias restrictivas. La abolición del comercio sexual o la penalización de las trabajadoras del sexo o sus clientes no resolverán estas condiciones.
Si la resolución que aprueba el sindicato de trabajadoras sexuales no se invalida, la consecuencia será terrible: se reconocerá la prostitución como trabajo
Las trabajadoras del sexo son trabajadoras que proveen para sus familias y ciudadanas que aportan a las arcas comunes a través del pago de sus impuestos en todos y cada uno de los bienes y servicios que consumen. En última instancia lo que debería provocar indignación es que, como trabajadoras y ciudadanas, no reciban los mismos servicios médicos y sociales que el resto de la ciudadanía.
Por lo tanto la resolución debe ser invalidada
Un estudio publicado por la GAATW a principios de año y basado en la investigación en siete países,[3] incluyendo España, demuestra que la organización entre las trabajadoras sexuales tiene un efecto de empoderamiento y esto reduce el riesgo de explotación y trata. La autoorganización fortalece a las trabajadoras del sexo tanto individual como colectivamente y mejora su capacidad para responder ante situaciones de violencia y abuso. La autoorganización es crucial para mitigar el aislamiento y el estigma que impregna las vidas de las trabajadoras del sexo.
La resolución que aprueba este sindicato debería ser una oportunidad para abrir un debate más serio sobre el trabajo sexual que incluya a las trabajadoras sexuales en el mismo y esté basado en hechos, no en suposiciones. Una oportunidad para romper con la tradición que criminaliza el trabajo sexual y que priva a las trabajadoras del sexo de la capacidad de gozar de sus derechos humanos. Las trabajadoras organizadas de cualquier sector son trabajadoras poderosas y, por tanto, menos vulnerables a la violación de sus derechos, al abuso y a la explotación. Activistas de derechos humanos y sindicatos deberían extender su solidaridad a las trabajadoras del sexo que se organizan para defender sus derechos.
[1] Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad, Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual 2015-2018, pág. 37, https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4772_d_Plan_Integral_Trata_18_Septiembre2015_2018.pdf.
[2] UNODC; Trata de persona hacia Europa con fines de explotación sexual, 2010, pág.7, consultado en agosto de 2017, https://www.unodc.org/documents/publications/TiP_Europe_ES_LORES.pdf
[3] GAATW, Trabajadoras sexuales que se organizan por el cambio: representarse a sí mismas, movilización de la comunidad y condiciones de trabajo, GAATW, Bangkok, 2018, http://www.gaatw.org/resources/publications/942-las-trabajadoras-sexuales-se-organizan-por-el-cambio.